El Zapotillo, una inundación a los Derechos Culturales

¿Qué tan profundamente mal se encuentra planteado un proyecto, cuando requiere, como un sencillo paso para su implementación, de la inundación de tres pueblos?

Comprender el contexto que rodea a Temaca, requiere de la disección de muchas capas. Sus grandes rasgos, implican una apuesta de la administración pública hecha en 2005 por solucionar el histórico problema de abastecimiento de agua para la zona de Los Altos de Jalisco, el Área Metropolitana de Guadalajara y el municipio de León, Guanajuato; ésta se ve impulsada por los gobiernos estatales involucrados, pero principalmente, por el jalisciense. Actualmente, propone la elevación a 105 metros de una cortina que posibilitaría, según organismos federales, una capacidad de almacenamiento para la represa, superior a los 910 millones de m3, así como la consecución de un caudal que resolvería los problemas existentes respecto a la distribución del agua, aunque ello, derivaría en la inundación de las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo y, por ende, en la reubicación de sus habitantes, mismos que, de acuerdo a las palabras determinantes de Aristóteles Sandoval “solamente cederán su espacio al beneficio colectivo”.

Ellos, sin embargo, los que se enfrentan en directo con esta decisión innegablemente unilateral, conocen con plenitud lo que consideran como la otra cara de las pretensiones y de los antecedentes de El Zapotillo, tienen más de una década señalando la suerte de irregularidades que giran en torno al proyecto, desde anomalías en el tratamiento de la licitación, hasta manifestaciones de impacto ambiental que discrepan entre expedientes, la operación de la obra sin los permisos del poder legislativo o el nunca ocurrido proceso de democratización o socialización que debió llevarse a cabo previo a que el ejecutivo decidiera cualquier cosa; demandan sean consideradas otras opciones de desarrollo que favorezcan una verdadera gestión integral del agua, una que no implique tengan que ser sepultados; sobre todo, entre sus exigencias, destaca un genuino llamado a que se respeten y garanticen sus Derechos Humanos.

De entre todas, la última mencionada me parecería la sustancial, debido a que no se centra en el conjunto de argumentos técnicos, jurídicos y ecológicos que por su naturaleza destacan como complejos, sino que destaca la figura del ciudadano, lo que favorece comunicar e informar a muchos otros sobre el tema y permite identificar los puntos más sensibles que discuten cada una de las partes.

Esta perspectiva, vuelve visible también, una de las constantes que acompañan al proceso desde hace más de 10 años: la valoración, por parte del Gobierno del Estado, de violar de manera categórica los Derechos Culturales en nombre de la sustentabilidad.

El reclamo parte, por supuesto, de la incertidumbre del ciudadano respecto a su patrimonio y su futuro, pero lo expresa en un sentido mucho más amplio y colectivo, preservando los modos y estilos de vida de su comunidad, procurando la prevalencia de su riqueza e identidad cultural, participando de sus costumbres, fomentando sus tradiciones, defendiendo su derecho a pertenecer a un pueblo y a conservar en paz la posesión de su territorio.

El día que el Gobernador anunció su nueva determinación, dijo también que encaminaría los esfuerzos para “que la huella cultural de las poblaciones permanezca con la reubicación” a fin de que “se rescate todo aquello que tenga valor para el pueblo y la cultura de los jaliscienses”; aunque quizá lo que no sepa, es que cada vez son más los organismos dedicados al estudio y promoción del desarrollo sostenible, que han logrado puntualizar los altos costos sociales, económicos y culturales que la construcción de una gran presa impone sobre las comunidades que tienen que ser desarraigadas del asentamiento que habitan. La Comisión Mundial de Represas, por ejemplo, con su informe “Represas y Desarrollo: Un Nuevo Marco para la Toma de Decisiones”, destacó, que rara vez ha sido posible restaurar los modos y medios de vida entre los reasentados, que es el patrimonio cultural edificado otra de las víctimas y que muchos recursos y bienes artístico-culturales terminan siendo imposibles de salvaguardar; lo cual tiene lógica, pues las estrategias de reubicación, se focalizan en el traslado físico, no de comunidades y mucho menos de culturas; así pues, las expresiones culturales que logran ser rescatadas, al final, se ven desagregadas del contexto social que les daba sentido.

Cuando corrían los primeros años del conflicto, una de las peticiones ciudadanas que tuvo eco, fue la de realizar un peritaje sobre el patrimonio cultural de los territorios, lo que derivó en una intervención del INAH y de la Secretaría de Cultura de Jalisco; sus apreciaciones finales aseveraron el alto valor histórico del templo de Nuestra Señora de los Remedios ubicado en Temacapulín, el de Flamacordis en Acasico, del camposanto del Cerro de la Gloria y de un conjunto de fincas a ser sujetas de conservación y restauración especializada. Revisiones más recientes, lo que ponen sobre la mesa, es la valuación del patrimonio inmaterial que la zona representa, su geografía y vitalidad a lo largo del tiempo, la vuelven un referente obligatorio al hablar de la época prehispánica, colonial y del Siglo XIX del occidente del país. Temaca es pues, necesario para explicar a Jalisco a través de los años.

Estos hallazgos de orden cultural, muchos otros más en materia de Derechos Humanos y todos los de carácter jurídico y ambiental, vuelven a ser subestimados por el Gobierno del Estado, lo relevante ahora es que, para hacerlo, anteponen un nuevo estudio pagado a la UNOPS por 90 millones de pesos, que vino a funcionar muy bien como vacuna política, pues brinda al Ejecutivo la oportunidad de posicionar su decisión como una respuesta al análisis técnico y profesional membretado por las Naciones Unidas.

La comunidad académica local y las organizaciones civiles que han hecho suya la causa de los pobladores, ya han manifestado que la consultoría prestada por la UNOPS, funciona únicamente como un estudio justificativo de los 105 metros de altura a los que se proyecta elevar la cortina de la represa, pondera que su construcción es una medida viable para solucionar la problemática de abastecimiento de agua y no pone a consideración de las autoridades ninguna otra alternativa para la gestión integral de éste recurso. La realidad es que con esta resolución, se dispara de nueva cuenta la sospecha de que detrás de los planes para EL Zapotillo, hay un interés que tiene que ver con particulares y con sus grandes capitales, de no ser así, ya se hubiera atendido una década de reclamos o ya se hubieran considerado las opciones que ajustan más sus criterios a los del desarrollo sostenible, como el saneamiento de las cuencas y los ríos desde los que ya se distribuye el agua o la reparación de las tuberías del Área Metropolitana de Guadalajara.

Los pueblos tienen el indiscutible derecho de ser consultados y de tomar una decisión libre, colectiva y sin las presiones de los agentes externos a los que muy difícilmente podrá llegar a importarles el monto cultural, histórico y social que se perdería, pues de suscribir la petición de las comunidades afectadas a que se respeten sus Derechos Humanos y culturales, tendrían que renunciar, por ende, al retorno económico de su inversión.

Quizá si imaginamos que algún día, un desconocido toca a la puerta de la casa para solicitar nuestro desalojo por tener la encomienda de inundarla, junto con el barrio y la ciudad donde crecimos y como pretexto, nos pone el de un bien común y mayor; podamos comprender más éste asunto.

No hay duda de que existe una problemática en torno a la distribución de agua para Jalisco y Guanajuato, pero es responsabilidad de sus gobiernos, explorar opciones no depredadoras por las que pueda resolverse y es precisamente la opción que más apremian la que debería descartarse de una buena vez.

En aquel discurso, cuando por enésima vez se sentenció a Temaca, Aristóteles tuvo razón en que lo señalaría la historia, pero dudosamente será como “el precursor de los recursos que la gente necesita”, sino como el gobernador que no cumplió con su promesa. Habrá quien, después de mucho tiempo, narre el relato de El Zapotillo, como aquel proyecto que usó la bandera del desarrollo y el progreso para atropellar la democracia, la cultura y los Derechos Humanos.

Sobre el autor

Consultor en Gobernanza de la Cultura
 Co-Fundador de la organización “Traza. Cultura, Sociedad y Futuro”
Twitter: @gdanielpadilla

Referencias:
http://www.elrio.mx/la-presa-zapotillo-culagos-cualtos-reprueban-a-aristoteles-sandoval/
https://cronicadesociales.org/2011/05/11/imposible-trasladar-el-patrimonio-cultural-de-temacapulin-advierte-cronista-de-los-altos/
http://www.milenio.com/firmas/frank_lozano/temacapulin-aristoteles_sandoval-presa_18_986481406.html
http://www.informador.com.mx/jalisco/2009/142028/6/presa-el-zapotillo-en-vilo-por-anomalias.htm